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26/01/2013 | Zaffaroni, Barcesat y Ferreyra

Diez propuestas para impulsar la democratización de la justicia

Raúl Eugenio Zaffaroni, Eduardo Barcesat y Raúl Gustavo Ferreyra caminan por los pasillos vacíos del Palacio de Tribunales. Las escaleras están en silencio, los pisos brillan. El inmenso edificio de Talcahuano 550 –todo un símbolo de la justicia argentina– parece más grande que nunca. No hay letrados caminando presurosos. Apenas un ordenanza repasando los mosaicos y dos empleados de seguridad viendo pasar las horas. La escena es una postal perfecta de la feria judicial de enero. Zaffaroni, prestigioso abogado penalista que ganó varios premios –se lo considera casi un Premio Nobel en su materia, como también en la criminología–, se mueve como el anfitrión. A fin de cuentas, fue él quien invitó a Barcesat y Ferreyra a su oficina del cuarto piso (la "4049"). Por sugerencia de Tiempo Argentino, los tres aceptaron reunirse para debatir sobre los jueces y su relación con la sociedad. Barcesat y Ferreyra provienen del Derecho Constitucional. Ambos tienen una larga trayectoria académica: el primero, docente en varias universidades, también está vinculado a la Filosofía del Derecho; Ferreyra es titular de cátedra en la UBA.

Sentados en torno a una mesa ovalada, los tres juristas aceptaron la propuesta de los dos cronistas de este diario: analizar la actualidad del Poder Judicial y animarse a proponer, en el caso de que lo consideren necesario, cambios y reformas profundas para el corto y mediano plazo. Vestido con su clásica guayabera de manga corta, dispuesto a una conversación larga (que duró casi dos horas), Zaffaroni repasó la historia del Poder Judicial argentino. En una tarde de mucho calor, los tres abogados –representantes del "ala progresista" del Derecho– propusieron transformaciones radicales para el Consejo de la Magistratura actual (dijeron que los senadores y diputados nacionales no están en condiciones de asumir el nivel de compromiso que requiere el organismo y que deben designar delegados especialistas), rechazaron la implementación del juicio por jurados y plantearon la necesidad de un tope para la trayectoria profesional de los jueces, al que ubicaron en los 75 años.

En medio de una charla que no ahorró en polémicas, como la mención a una eventual reforma constitucional (aunque nadie habló de una segunda reelección), plantearon que los jueces no deben quedar exceptuados del Impuesto a las Ganancias. "Es un conflicto que viene abierto desde hace años y que hay que resolverlo algún día", subrayó Zaffaroni. A continuación, un repaso del debate que duró dos horas y que anticipó los cambios que podrían venirse en el Poder Judicial.

¿Hay un divorcio entre el Poder Judicial y la sociedad?

Zaffaroni: –Si entendemos la sociedad con su pluriculturalismo, con las distintas proveniencias, obviamente el Poder Judicial es de extracción de clase media y urbana fundamentalmente. La relación con los otros estratos y variables culturales es escasa. Nuestra justicia civil es lentísima. Hay procesos que comenzaron hace 20 años. Creo que tenemos un procedimiento civil que debe tener 200 años. No veo una justicia civil que resuelva la conflictividad rápido. Si bien los procesos penales son lo más sensacional, sólo hacen a lo publicitario. Lo que hace a la vida cotidiana de la gente es el Derecho Civil, que es lo que regula los conflictos normales desde antes de nacer hasta después de morirse. Creo que tendrían que ponerse las pilas en modernizar eso.

Barcesat: –La imagen del Poder Judicial ante la sociedad no es de un servicio de justicia idóneo, pronto, adecuado, de alto nivel técnico y sobre todo de paridad entre los litigantes. Los sectores desposeídos tienen dificultad en el acceso a la justicia. Las empresas se apoyan en los tribunales arbitrales. La modificación del Código Civil y Comercial les da mucha más amplitud a los tribunales arbitrales y quebranta la Constitución en lo que refiere a que la Corte debe conocer y decidir en todas las causas que versan sobre la Constitución, las leyes y los tratados. Eso hay que respetarlo. La justica arbitral es una privatización de la justicia. Esto es un reclamo fuerte que debe hacer la sociedad argentina. Que sea igual para todos.

Ferreyra: –El modelo de Poder Judicial que piensa Alberdi es tomado del norteamericano. En el siglo XVIII, el único modelo de escrito era el de la Constitución de los Estados Unidos. Pero cuando se discute acá no se define qué iban a hacer los jueces y quién los iba a designar. En el siglo XIX, la Constitución Federal es oligárquica, sin pueblo, en la que todos son igualmente libres y la mayoría socialmente desiguales. El Poder Judicial estructurado verticalmente casi sin modificaciones es el modelo que tenemos actualmente. Esta representación jurídica es para una sociedad agroganadera que no tiene nada que ver con la de hoy. Es una muy buena idea discutir su modelación y el acceso.

¿En qué punto debe comenzar la discusión para la democratización?

Z: –El servicio que presenta la justicia es de solución de conflictos, que fundamentalmente es civil, laboral, administrativo, mucho más que penal.
Eso es lo más complicado. Sin contar con que los grandes grupos económicos, sus cuestiones civiles las resuelven al margen de la justicia. Esa justicia lenta no queda ni para el que está excluido, porque no acude. Queda para una clase media. Ahí es donde veo un defecto grave. No hay tribunales de vecindad. De pequeñas causas, que resuelvan de modo expeditivo.

F: –Habría que discutir si deben controlar a los legisladores y sobre su propia selección. Cuánto dinero del pueblo argentino se va a utilizar para resolver los conflictos y qué destino van a tener esos procesos. El acceso a la jurisdicción no está funcionando. La conflictividad no es igual a la del siglo XIX, ha cambiado.

B: –Más allá de su nacimiento aristocrático para corregir desvíos demagógicos y populistas, en lo institucional, el Poder Judicial ha acompañado los procesos golpistas. Ha tolerado con mucha pasividad los cambios no previstos ni queridos en la Constitución y las leyes. En el inicio a la transición democrática hubo un principio de ruptura, de concientización. Se tocó la cúpula y buena parte de la Justicia Federal, pero la Penal –no así la Civil y Comercial, ni el Contencioso Administrativo– en un 90% siguieron formando parte del Poder Judicial y eso fue un pesado lastre cuyos condicionamientos todavía pesan.

Siempre se habla de un Poder endogámico.

Z: –Quien no tenga un vínculo es difícil que ingrese a la justicia. El Poder Judicial tiene una estructura que es bastante jerarquizada. En esa jerarquización hay oficialidad y tropa. El sargento principal es el equivalente al prosecretario. A partir de ahí empieza la oficialidad y luego hay un cambio de status. La diferencia que hay con el Ejército es que, acá, la oficialidad se forma en medio de la tropa.

¿El ingreso meritocrático podría ser una buena iniciativa?

F: –Hay un reglamento que cotiza los méritos para los antecedentes para los concursos. En ese reglamento cotiza muchísimo más el hecho de estar en la justicia, por lo que se vuelve autorreferencial. Pesa mucho más la cantidad de años de quienes están en el Poder Judicial que los meritos académicos.

Z: –Sostengo que los egresados del Conurbano y de la UBA pueden jerarquizar. Si hay una prueba de capacidad para el ingreso más o menos transparente, lo que hay que hacer es preparar a los muchachos para los concursos. Hay que hacer una preparación de tipo práctico y teórico para los cargos, porque los que están afuera de la justicia están lejos de los conocimientos de carácter práctico que a veces existen.

–¿El control de constitucionalidad que deben hacer los jueces significa control a los otros poderes?

F: –Yo tengo mis reparos con el control judicial de constitucionalidad. No creo que sea la mejor idea que lo hagan los jueces. Sí creo que todos los jueces tienen el control difuso de la constitucionalidad, pero no que puedan hacer caer la vigencia de una ley.

Z: –Hacer caer directamente la vigencia de una ley en nuestro sistema no se puede. Sería una situación excepcional.

F: –Pero a través de una acordada del año 1996, los jueces de la Corte –ninguno está, excepto (Carlos) Fayt– dispusieron que los jueces no paguen el Impuesto a las Ganancias. La ley decía que los jueces debían pagarlo. Autorreferencialmente, para la corporación judicial dijeron que ese artículo era inaplicable para ellos. Esa es una caída de vigencia de la norma "de hecho".

¿Existen otras formas de permitir la observancia de la Constitución a través del Poder Judicial?

B: –Un tribunal de constitucionalidad que sea autónomo aliviaría a la Corte, haría que una sentencia valiera para todos los casos comprendidos. Tienen una fuerza importante este tipo de Cortes, como la de Ecuador, con una tarea ponderable. El esfuerzo debe ser lograr una justicia lo más pareja posible y que esto enderece el acceso a la justicia. Las tasas judiciales y lo costos operativos hacen que algunos reclamos se vuelvan imposibles. El Derecho no tiene que invocar igualdad ante la ley para mantener rico al rico y pobre al pobre.

El juicio por jurados se menciona como una deuda a cubrir.

Z: –Sería inaplicable, pero sí es posible el juicio con un tribunal de escabino compuesto por tres jueces técnicos, dos escabinos, o tres ciudadanos que se seleccionan igual que un jurado. Participan de todo el debate y cuando termina el juicio, votan. No funda jurídicamente su voto. Funciona en Italia y en Alemania en algunos tribunales menores.

B: –Son expeditivos. Pero hay que tener una arquitectura edilicia particular. El gran cuello de botella que tienen es que no hay salas suficientes para que funcionen los tribunales. Hablar de una adecuación significa tener salas pequeñas pero para que no se atore la administración de justicia y sea pronta, que es otro de los reclamos de democratización del Poder Judicial.

Implicaría un aumento presupuestario

Z: –No hay sociedad que tenga capacidad de tramitar formalmente toda su conflictividad. Hay que conocer ese universo y saber qué presupuesto tenemos. También hay que usarlo de manera óptima. Y si tenemos hoy un procedimiento de juntapapeles y se demora años, estamos gastando una cantidad de dinero importantísima.

¿Hay un intento, como se denuncia desde algunos sectores, de amedrentar a los jueces?

B: –No creo que sea ese el propósito. Se habla de un consenso, de que haya un ida y vuelta entre sociedad civil y uno de los poderes que conforman el gobierno federal.

Z: –No hemos tenido hasta hoy ningún caso (Baltazar) Garzón en la Argentina.

En líneas generales, aquí se respeta esa condición vitalicia del cargo.

B: –Habría que discutir también si el plazo de la actividad y designación es perpetuo, mientras dure el buen desempeño y no haya comisión de delitos, o si debiera renovarse el cargo por concurso. Eso requiere un Consejo de la Magistratura que tenga otra estructura en aspecto edilicio y en su composición. Sería un examen de lo que hizo uno durante ese período de administración de justicia, más allá de no incurrir en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

F: –Pero para los jueces habría que reformar la Constitución…

B: –La ley del Consejo de la Magistratura habla de comisión de delito o que incurran en mal desempeño. Ahí sí hay discusión. Si no con decir que no comete delito, basta. Buen desempeño significa mantener una calidad en la administración de justicia y que sirva como un antecedente para renovar. Es una lectura forzada de la Constitución, pero podría generarse el debate en los jueces de primera instancia. Dejo a la Corte Suprema afuera de este mecanismo. Esto podría ayudar a la horizontalidad en la tarea de selección de magistrados. Poner el ojo popular en esa administración.

¿El problema está en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura?

Z: –Nunca funcionó bien. Lo que venimos observando es que nunca llegó a ser un cuerpo. Cada uno se sienta como representante de un estamento y dice el discurso del estamento. Es un órgano administrativo que requiere ocupación full time. Está manejando un presupuesto grande. Ahora directamente se trabó, pero el anteaño había hecho dos concursos y el año pasado uno. No da. Tenemos un 30% de vacantes de jueces. Se nos trabó el órgano de designación y de remoción. Tampoco podemos denunciar a ningún "coimero" porque no funciona. Es uno de los problemas más serios que tenemos.

¿Y cuál es la solución?

Z: –Que los consejeros se sienten a conversar. Sin componendas. Cada uno representa un interés, pero no se puede llevar al extremo. Los legisladores no pueden integrar el Consejo. Por razones institucionales y por razones prácticas, porque necesita ocupación tiempo completo.

¿El desbalance lo provoca la posición de los representantes del Legislativo?

Z: –El desbalance lo provoca la reforma del '94, que lo hizo mal. El Consejo de la Magistratura modelo sería el italiano. Se compone de 30 consejeros, 20 por los jueces y diez por los diputados en proporción a los partidos con representación que mandan a sus juristas. Pero además gobierna al Poder Judicial. La Constitución del '94 dejó una cosa rara, que la Corte gobierna y el Consejo administra. Allá se sabe cómo piensa cada juez, qué ideología tiene. Los que lo integran pueden dedicarse tiempo completo porque tienen licencias. El italiano es un Poder Judicial que se enfrentó a la mafia, al terrorismo, sin violar los Derechos Humanos, en el momento de manipulite se jugó por la continuidad democrática.

¿Si tuvieran que enumerar cambios posibles de implementar a corto plazo?

Z: –Acelerar los procedimientos es una cuestión que hay que sentarse con el Legislativo a pensarlo. Yo empezaría por lo Civil y lo Laboral para ver cómo se puede agilizar la resolución de conflictos. Hay que sentarse a pensar el mapa judicial del país: hay juzgados federales colapsados y otros todo lo contrario. Optimizar su funcionamiento.

B: –Hay que agregar una estructura edilicia del PJ y repensar desde el Legislativo la diversificación de fueros, que no ha dado buenos resultados con los conflictos negativos de competencia que se producen. Habría que simplificarlo. Nada de eso sería posible si no hay una apuesta presupuestaria para hacer la justicia más eficaz.

F: –El acceso a la jurisdicción y el desarrollo y la profundización también son aspectos del acceso. El Poder Judicial no es una usina de políticas públicas. Las generan los poderes políticos. Hay que discutir esa función, que se traduce en la judicialización de la política que hace que los temas se vienen a discutir en el Poder Judicial. Hay que discutirlos en el Congreso, que es el teatro de la democracia. Y lo que lo va a acercar a la gente es que empiecen a pagar el Impuesto a las Ganancias.

¿Puede el Poder Judicial detener políticas públicas "de hecho" como la Ley de Medios?

F: –Es un disparate. Es el único lugar del mundo donde ocurre que una política pública es alterada, detenida y suspendida por una decisión del Poder Judicial a través de una medida cautelar.

Z: –Guarda, que todas las políticas del New Deal se las detuvo la Corte a (Franklin) Roosevelt. Son conflictos que se han vivido intensa y dramáticamente en otros países. Por regla general, el Judicial es un poder más burocratizante. El problema es que en el momento en que se empieza a pensar el Derecho como una simple forma, se está pensando en un Estado neutral que no puede participar en la redistribución.

¿Qué sería una "justicia legítima"?

Z: –Habría que conversarlo con los que hicieron la solicitada.

¿Pero es un buen punto de partida para pensar en la democratización?

Z: –Lo que está sucediendo hoy es que una cantidad de conflictividades que estaban latentes salen. No se crean. Ahora salen.

Hubo dos hechos políticos recientes emanados desde el Poder Judicial. Un duro documento publicado desde un sector y la respuesta mediante una solicitada de otro. ¿Cómo los evalúan?

Z: –El Poder Judicial es plural, pluri-ideológico, y es correcto. No podemos tener un Poder Judicial monoideológico. Eso no existe. ¿Cómo puede ser imparcial un juez si es parte de la sociedad? La única imparcialidad alcanzable es la pluralidad. Un debate interno con discusiones, tensiones internas. La construcción de un sujeto aideológico, apartidista, asexuado. Ese tipo, si existe, es un degenerado. Los jueces somos seres humanos, que tenemos limitaciones.

B: –La democracia son los espacios de disenso y la admisión del otro en la diferencia, la "política de Derechos Humanos", si cabe bautizarla así, en el Poder Judicial es bienvenida. Es un debate que se debía la transición democrática. Nos lo estamos dando ahora y va a dar frutos. No creo que sea un "gatopardismo".

Pero hay una construcción que opera sobre la imagen de lo que debería ser un juez…

Z: –Es falsa. Es concebir al juez como un superhombre.

B: –Eso es lo que hay que remover. Son las ficciones que se crean. Esa concepción aristocrática en el ejercicio del poder lleva a pensar que el Poder Judicial vendría a ser una síntesis de la concepción de los nacidos para administrar justicia. Hay que luchar con toda la fuerza contra esta concepción.

F: –El juez es una persona que resuelve conflictos y, eventualmente, resolver la inaplicabilidad de una ley que esté en pugna. El Derecho Constitucional es lo que una sociedad abierta de ciudadanos está dispuesto a sostener que es. No lo que solamente los jueces dicen que es. Si no caemos en una aristocracia del saber.

¿Estos movimientos al interior del Poder Judicial pueden marcar un punto de quiebre?

B: –Es difícil asegurar cuál será el resultado, pero es sano y democrático que entre el debate y lo sepa la sociedad, sin que se convierta en una garantía de modificaciones. Es tomar conciencia del conflicto y hacerse cargo.

Z: –Siempre en el Poder Judicial ha habido diferencias generacionales, tensiones ideológicas. Las diferencias se organizan mejor. Es positivo. Creo que cuanto más plural es el Poder Judicial, más imparcial es.

F: –Hay un único valor irrenunciable, que es el pluralismo. Hay un grupo que piensa de una manera y otro que se expresa de otra. Después empieza el segundo proceso, que es la tolerancia.

DICTADURA Y PADRES

¿La Corte debiera hacer una autocrítica en nombre del Poder Judicial que fue funcional a la dictadura?

Z: –¿Qué voy a pedir perdón por una Corte que no integré? Hay dos momentos en el siglo XX en que se rompe y se designa otro Poder Judicial que es el '55 y el '76. Las dos dictaduras armaron sus propios poderes judiciales.

¿Hay corrupción en el Poder Judicial?

Z: –En el argentino la corrupción de dinero no domina. No implica que no haya casos. En los años que llevo adentro, cuando internamente hay una sospecha, todos nos cuidamos de ese. Es un valor entendido.

¿Y los nexos con los poderes fácticos, pueden asimilarse?

Z: –Puede haber una mentalidad, pero el modelo de Estado es lo que está detrás de esto. ¿Es redistributivo, o dice que la estratificación social está bien como está? ¿Qué modelo de Estado queremos? Puede haber jueces que entiendan un modelo de estado no redistributivo. ¿Cuál es el razonamiento de esa pretendida aristocracia? Que hay un sector hegemónico que si no quiere redistribuir, tiene que contrastar esa mayoría que sí, con otra. Es el modelo lo que estamos discutiendo.

GANANCIAS Y EL DEBATE POR LA INDEPENDENCIA

¿Es posible que una nueva acordada de la Corte Suprema modifique la exención en el pago del Impuesto a las Ganancias que tienen los jueces? ¿Está en agenda de esta Corte?

Z: –Es un conflicto que viene abierto desde hace años y que hay que resolverlo algún día. Viene arrastrándose y hay que sentarse a conversar y resolverlo de alguna manera.

F: –Democratizar el Poder Judicial es discutir si deben pagar o no Ganancias. Habría que sacar la cuenta de la exención. Es un número importantísimo. Los jueces tienen que estar muy bien remunerados pero no puede seguir existiendo este privilegio.

B: –Hay jueces que están pidiendo pagar. Son de la provincia y han cosechado el “no” en todo el espinel judicial. Piden que los ingresos suplementarios pasen a formar parte del salario. No quieren cobrar en negro para tener una jubilación acorde. La respuesta del propio Poder Judicial desde primera instancia y hasta Corte provincial es negativa. Establecen que es una afectación a la intangibilidad y por lo tanto inconstitucional. Vamos a ver qué dice la Corte.

¿Es posible sostener el argumento de la intangibilidad?

Z: –Creo que los jueces que ingresan tendrían que pagar. La intangibilidad que se esgrime tendría que resolverse. Hoy significaría una reducción salarial. Es cierto. Pero el que ingresa ya no puede decir que le tocan el salario. El señor que entra y no quiere pagar que no asuma y listo. Si eso se hubiera hecho en 1996, tres cuartas partes del Poder Judicial ya estarían pagando el impuesto.

¿Puede decirse que afectaría la independencia judicial?

Z: –La independencia judicial es una palabra que se invoca pero es equívoca. ¿Qué significa la palabra independencia? Que el juez pueda decidir autónomamente. Y la independencia tiene que ser tanto externa como interna. Externa respecto de otros poderes del Estado, y de otros factores de poder. Interna, respecto de otros órganos colegiados del mismo Poder Judicial. Si no es una lesión de la independencia interna.

"La justicia necesita de hombres intelectualmente dotados, capacitados profesionalmente, y esto hay que garantizarlo con una escuela judicial."
León Arslanian
Ex ministro de Seguridad

"Yo empezaría por lo civil y lo laboral para ver cómo se puede agilizar la resolución de conflictos. Hay que sentarse a pensar el mapa judicial del país."
Raúl Zaffaroni
Ministro de la Corte Suprema

"Esta representación jurídica es para una sociedad agroganadera que no tiene nada que ver con la de hoy. Es una muy buena idea discutir su modelación."
Raúl Gustavo Ferreyra
Constitucionalista

"La imagen del Poder Judicial ante la sociedad no es de un servicio de justicia idóneo y pronto, y sobre todo de paridad entre los litigantes."
Eduardo Barcesat
Constitucionalista

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