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12/04/2013 | Firme respaldo a los proyectos de modificación

Funcionarios judiciales apoyaron las reformas y criticaron a la oposición

Los jueces Daniel Carral y Alejandro Slokar y los fiscales Eduardo Auat y Félix Crous elogiaron los ejes centrales del paquete de iniciativas que el gobierno envió al Congreso. Advirtieron sobre la desinformación de los puntos clave.

Los proyectos que el gobierno impulsa para la democratización del Poder Judicial acumularon argumentaciones de respaldo de diferentes referentes del sector como los jueces Daniel Carral y Alejandro Slokar; y los fiscales Eduardo Auat y Félix Crous, entre otros, quienes confrontaron posiciones con los dirigentes de la oposición que, en las últimas horas, renovaron los cuestionamientos al paquete de proyectos que el Parlamento comenzó a discutir esta semana.
"La mayoría de los proyectos no pueden tener objeciones razonables. Hay, sí, un par de iniciativas que han generado disenso, esperable de antemano porque tocan intereses corporativos. Básicamente me refiero a la reforma de la selección de representantes de jueces y a la integración del Consejo de la Magistratura, y a la reforma de las cautelares. Creo que en algún punto hay desinformación respecto de lo que tiene que ver con el Consejo", puntualizó el juez de Casación Daniel Carral en diálogo con Tiempo Argentino.

El magistrado también pidió tomar con cautela las afirmaciones acerca de que el gobierno tendrá el control sobre la designación de los jueces. "Escucho a un medio en particular decir que el gobierno va a poner a los jueces, los va a digitar. En primer lugar, tal vez ni siquiera den los tiempos para la implementación de esta reforma con el actual gobierno. Pero independientemente de ello, hay todo un proceso previo en el que los consejeros no intervienen", explicó. Y advirtió sobre la existencia de una "etapa de evaluación tabulada de antecedentes y una prueba de conocimientos que la toma un jurado designado para ello". "Los consejeros intervienen en una etapa posterior que tiene que ver con las entrevistas personales. Es decir que es sólo una porción de incidencia en todo el proceso. Y, en definitiva, como lo marca la Constitución, la elección de entre los candidatos propuestos al Ejecutivo es una decisión política del presidente de la Nación", subrayó.

Además, Carral resaltó positivamente el proyecto que busca regular las medidas cautelares en los procesos en los que intervenga el Estado. "Ha habido conductas de operadores judiciales que terminaron desnaturalizando al sistema republicano. Y no me refiero sólo a la Ley de Medios. Hay pleitos que se extienden por años y cuando se resuelven terminan desnaturalizando aquello por lo que habían sido planteados. Las medidas cautelares deben tener una duración determinada", puntualizó.

Por su parte, el fiscal de la Procuraduría de Narcocriminalidad de la Nación, Félix Crous, defendió el paquete de proyectos para la reforma judicial enviados por el Poder Ejecutivo al Congreso y destacó que "garantizarán mejor pluralidad frente al sistema actual concentrado y homogéneo".

Crous señaló que las iniciativas impulsadas por la presidenta Cristina Fernández lograrán "descorporativizar" la justicia por "el ingreso (de los jueces) a partir de la meritocracia". "Eso garantiza mejor pluralidad ante un sistema concentrado y homogéneo como hoy con su propia subcultura que dicta fallos acorde a esa segmentación social", opinó.

En la misma línea de razonamiento, el juez de la Cámara Nacional de Casación Penal, Alejandro Slokar, afirmó que el proyecto del gobierno “profundiza la idea de democracia” y cuestionó a la oposición al considerar que "hay un problema de ausencia de debate". "No estando presente el debate es difícil sopesar argumentos. Hay un común denominador, que es que la ciudadanía expresa desencanto con respecto al funcionamiento a la justicia. El Poder Judicial está emplazado a reformarse", señaló.

Por su parte, el titular de la Unidad de Seguimiento de causas de Derechos Humanos, Eduardo Auat, advirtió que por algunos discursos que se oponen a la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura "pareciera que la sociedad no tuviera ningún derecho a intervenir en un poder que la contiene, la comprende y le interesa".

A su vez, el abogado constitucionalista Roberto Boico calificó de "saludable" el proyecto de ley que limita la duración de las medidas cautelares en las causas en las cuales el Estado es parte porque "intenta que los procesos judiciales sean decididos en tiempo oportuno y razonable". Y argumentó: "Con una medida cautelar corta, se procura que el tribunal tenga una decisión en tiempo razonable, seis meses, con eventual prórroga."

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