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03/05/2013 | Río Cuarto

Más voces por la justicia legítima

El pasado 26 de abril, en la Universidad Nacional de Río Cuarto de Córdoba, se realizó el Encuentro de Justicia Legítima de la Región Centro. Con la concurrencia de distintos referentes, la reunión tuvo un clima optimista, un par de horas después de que fueran aprobados en Diputados dos de los seis proyectos de reforma del sistema judicial presentados por el Ejecutivo Nacional.

Al encuentro asistieron invitados de varias provincias ubicadas en el meridiano del país, siendo Córdoba y Mendoza las que más convocatoria generaron. Entre otros, el acto de apertura contó con la presencia de la procuradora de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien ha sido una de las grandes impulsoras del movimiento Justicia Legítima, y el juez de la Corte Suprema de Mendoza, Omar Palermo, uno de los principales referentes en las investigaciones producidas contra jueces mendocinos cómplices de la dictadura. Asimismo, el inicio tuvo la participación de un conjunto diverso de actores (gremios, DDHH, etcétera) que marcaron la concepción plural sobre la que se inspira el movimiento Justicia Legítima.

A su vez, la inauguración contó con las palabras del rector de la UNRC, Marcos Ruiz, quien hace un tiempo visitó la UNCuyo para hablar del sistema de elección directa de autoridades universitarias. Participó también Carlos Gonella, quien fue designado por Gils Carbó como Fiscal General en la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos perteneciente a la Procuración de la Nación y que, además, fue una de las figuras destacadas en la mega causa por las violaciones a los derechos humanos cometidas en el centro clandestino de detención La Perla. En esa causa, Gonella avanzó en la acusación de magistrados del propio Poder Judicial por su presunta participación en delitos de lesa humanidad durante la última dictadura.

En el acto de apertura también hablaron Gabriel Pérez Barberá, Juez de Cámara de Acusación de la provincia de Córdoba; Jascinta Jaschelel Burijovich, docente de la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional de Río Cuarto, integrante de la Mesa de Salud Mental y DDHH de Córdoba y Coordinadora del Observatorio de Salud Mental y DDHH; e Irina Santiesteban, secretaria general de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de la provincia de Córdoba.

Alejandra Gils Carbó

Gils Carbó introdujo la mesa de panelistas destacando la necesidad de reforma del sistema de justicia en función de una serie de experiencias referidas al funcionamiento corporativo que se produce dentro de la justicia, y cómo esto se expresa muchas veces en la falta de legalidad y ética en las sentencias y decisiones que se producen en este ámbito.

“Estamos viviendo un momento de transformación de la justicia porque desde diciembre del año pasado (2012) un montón de funcionarios, magistrados y empleados judiciales se unieron para reclamar por una justicia legítima. Nosotros entendemos que nunca más va a ser lo mismo, porque esto no es algo coyuntural, sino que esto es la expresión de personas comprometidas con la justicia que hace mucho transitan los tribunales viendo que los resultados a los que aspiran no se realizan. Y esos resultados no se realizan porque hay un trasfondo en la justicia, una matriz, que históricamente venimos heredando desde tiempos de dictaduras que no son tan lejanos, y todavía hay jueces designados por la dictadura”, expresó.

Gabriel Pérez Barberá

A su turno, el juez Gabriel Pérez Barberá indicó que el movimiento Justicia Legítima se caracteriza por su anti-elitismo. Según señaló, esto es así porque sus propulsores no provienen directamente de la academia y de los sectores tradicionales de la justicia, sino que se origina en un sector que está más afuera que adentro del sistema judicial. En este sentido, señaló que este movimiento busca romper los diques –que fueron construidos por muchos jueces- que separan al poder judicial de la sociedad. “Esto le confiere al movimiento un anclaje popular diferente a al sistema clásico”, indicó.

En relación con los objetivos del movimiento, el juez señaló que Justicia Legítima se debe convertir en un factor de poder para poder enfrentar a otros actores poderosos, como los medios de comunicación. Esto último lo dijo también en relación con los ataques mediáticos sufridos por Gils Carbó durante los últimos tiempos y, sobre todo, desde que el debate de la reforma se volvió parte de la agenda en los principales medios privados. En esta dirección, propuso que Justicia Legítima debe comprometerse a denunciar el funcionamiento de los lobbies económicos y el aparato de difusión que detentan los medios de comunicación afines.

La lógica corporativa se caracteriza por la concertación de los intereses de una minoría que se oponen a los intereses del resto de la sociedad, indicó, por lo cual el futuro de Justicia Legítima no se debe acotar a las reformas circunstanciales, sino que se debe trabajar por un cambio permanente en el sistema de impartición de justicia. Para finalizar, Pérez concluyó su ponencia con la propuesta de conformar un tribunal constitucional que pueda decidir sobre los grandes debates (como la Ley de Medios, por ejemplo) y que, cuando se presenten diferencias entre el Poder Ejecutivo y este tribunal, sea la ciudadanía, a través del voto popular, la que decida en última instancia.

Irina Santiesteban

En su momento, Irina Santiesteban, dado que su tarea está ligada a la acción gremial, también señaló la importancia de abrir el sistema a la participación de otros sectores y “no dejar solamente en manos de abogados” la gestión judicial. En este sentido, indicó que la reforma del sistema judicial representa una mejora, un paso de avance, pero que quedan muchas cosas por cambiar.

Asimismo, se expresó respecto de quienes rechazan la reforma, indicando que ninguno de los detractores ha presentado proyecto alguno alternativo al planteado por el Ejecutivo nacional. “Aquellos que se oponen no quieren debatir”, advirtió. Dijo que aquellos que rechazan la propuesta no quieren discutir cómo se designa a los jueces y tampoco quieren discutir el manejo de los recursos y el presupuesto. Esos mismos sectores, continuó, en ningún momento cuestionaron las reformas que se realizaron en los 90 y que sortearon los derechos de los trabajadores, “sin embargo ahora los empresarios y los medios dominantes no aceptan el debate”, afirmó.

Omar Palermo

Omar Palermo rememoró algunos de los hechos ocurridos durante los últimos años en el seno de la Justicia Federal de Mendoza. Relató el proceso de investigación que se realizó contra jueces acusados de complicidad con la dictadura en Mendoza y las dificultades que existieron para llevar adelante una causa contra Romano, debido a la complicidad existente entre jueces federales en la provincia. Particularmente se refirió al momento en que el ex juez prófugo Otilio Romano obtuvo la complicidad del camarista Luis Petra para remover al juez (Walter Bento) que investigaba su causa, un plan que no prosperó gracias a la famosa fotografía que los descubrió brindando inmediatamente después de haber removido a Bento. En base a esos relatos, Palermo señaló que este tipo de situaciones no se podrían producir en un sistema transparente y afirmó que los jueces de la dictadura no deben ocupar ningún lugar de poder en la justicia dentro de un sistema democrático. Paradójicamente, el juez remarcó que existen sectores sociales y políticos que actualmente abrazan este sistema judicial como si fuera el último bastión de la República, pero que nunca repararon en denunciar la relación de muchos magistrados con la dictadura.

De la misma manera en que lo hizo Pérez Barberá, señaló la importancia de tender puentes con la sociedad civil: “Nada se podría haber hecho en la lucha contra la impunidad sin el apoyo de la organizaciones de derechos humanos”, afirmó. El juez mendocino también se expresó en defensa de Gils Carbó, indicando que el ataque de los medios contra la figura de la procuradora se produce porque está tocando intereses muy poderosos al promover la reforma de la justicia. “En Mendoza, los jueces que reconocen los derechos de los imputados también son perseguidos”, indicó.

“Queremos una justicia independiente del poder político, pero también de los poderes económicos. Queremos un poder judicial independiente del poder interno de la corporación judicial. Hay que ir por una reforma general del sistema judicial. Nuestros motores son el compromiso, la indignación y la rebeldía”, concluyó.

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