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24/02/2013 | Entrevista a Antonio Cluny

"Se necesita autonomía de la presión financiera"

El jurista portugués repasa los nuevos desafíos del derecho. Disertará en el encuentro por una Justicia Legítima.

El jurista portugués Antonio Cluny será uno de los expositores del Encuentro por una justicia legítima que reunirá a jueces, abogados y fiscales dispuestos a repensar la relación entre el Poder Judicial y la sociedad. Fiscal general adjunto en su país, donde la Fiscalía General y el Tribunal de Cuentas están asociados y tienen el mismo rango institucional que el Supremo Tribunal de Justicia, el Supremo Tribunal Constitucional y el Supremo Tribunal Administrativo, Cluny es –además– una figura muy conocida en toda Europa. Desde hace varios años encabeza la asociación Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades (cuya sigla es Medel, como el ex jugador de Boca), que agrupa a jueces y fiscales de España, Italia, Francia, Bélgica, Alemania, Rumania, Serbia, Polonia, República Checa, Turquía y, por supuesto, Portugal. La entidad, vale agregarlo, es reconocida por la Unión Europea y el Consejo de Europa. Cluny también se volvió más popular hace unos meses, cuando se presentó ante el Ministerio de Justicia de España, en Madrid, para pedir al Estado ibérico que rehabilite en su puesto al ex juez Baltasar Garzón.

Desde Lisboa, horas antes de embarcarse en un vuelo transoceánico con rumbo a Buenos Aires, Cluny conversó con Tiempo Argentino sobre la compleja relación entre la justicia, el poder político y el poder económico. El portugués explicó a este diario por qué comparte las preocupaciones de sus colegas argentinos que firmaron el documento "por una Justicia Legítima". Sobre todo le inquieta la dificultad del Poder Judicial de cada país para sortear con autonomía las crecientes "presiones del poder económico y financiero". "Nuestro objetivo es difundir una visión más crítica, más realista, sobre el funcionamiento de los sistemas de Justicia en Europa. Queremos dejar atrás la visión burocrática, corporativista, para asumir una visión más crítica entre los jueces, los abogados y toda la gente que está interesada en el Derecho", plantea desde el otro lado de la línea en un español con inocultable acento lusitano.

–¿Por qué se presentó en Madrid para pedir la rehabilitación de Baltasar Garzón?

–Sin colocar en cuestión la razón de ser jurídica de la decisión del tribunal español, entendemos que hay una desproporción entre la pena que le aplicaron a él y otras sanciones que se aplican en estos casos. Por eso, le hemos pedido al gobierno de España un indulto que le permita a Baltasar Garzón reconstruir su vida y su carrera como juez. Eso permitiría visibilizar la lucha contra la corrupción de los jueces y fiscales en Europa, como en el resto del mundo.

–¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta el Poder Judicial en todo el mundo?

–Estamos muy preocupados porque se están produciendo señales muy evidentes de que el gobierno autónomo del Poder Judicial no ha alcanzado los resultados que habíamos pensado, planificado. Ante ese escenario, una de nuestras tareas es pensar metodologías de trabajo que garanticen una mayor independencia del Poder Judicial, tanto interna como externa. Creemos que hay que buscar metodologías que garanticen autonomía de las presiones políticas pero que también garanticen autonomía frente a las presiones del poder económico y financiero. Y aquí aparece el tema de la transparencia en la toma de decisiones del Poder Judicial

–En la Argentina se habla mucho de la independencia del Poder Judicial ante el Ejecutivo, pero no se pone el acento en el poder económico. ¿Cómo es la situación en Europa?

–En este momento tenemos que reconocer que en todo el mundo hay un poder que se sobrepone al propio poder republicano, al propio poder ciudadano, al propio poder político nacional. Es una realidad que no podemos obviar. Porque hay una legislación, una regulación, que escapa al control democrático de los gobiernos, de los administraciones nacionales, y que tiene que ver con lo que se llama la globalización económica y financiera.

Por eso, nuestra preocupación se dirige directamente a esta capacidad que puede tener, o no tener, el Poder Judicial. Hoy hay que entender mejor esta nueva situación: hay que abarcar, comprender, toda esta otra realidad, porque estamos ante la presencia de un poder exterior que se va imponiendo a las propias leyes nacionales. Porque hay temas que se están imponiendo desde una visión excéntrica y que van enredando la vida de todos los ciudadanos sin ningún control democrático, sin ningún control jurídico verdadero. Nuestra preocupación, que no es exclusivamente europea sino una preocupación de todo el mundo, es encontrar las mejores soluciones para que los sistemas judiciales nacionales puedan tener en cuenta estas otras realidades.

–Lo llevo a un tema de absoluta actualidad en la Argentina. Aquí, los jueces tienen una exención impositiva, están liberados del pago del Impuesto a las Ganancias, que sería un impuesto a los ingresos. Eso está siendo discutido porque es considerado un privilegio.

–Hay cuestiones importantes que se están discutiendo en la Argentina que también se están discutiendo en Europa. En este momento estamos asistiendo a la reducción del estatuto socio-económico de jueces y fiscales de toda Europa, lo que está atentando, reduciendo, la capacidad adquisitiva de jueces y fiscales y que está siendo discutida, resistida. Recientemente se ha conocido una resolución del Tribunal Constitucional de Italia que dice que no se pueden reducir demasiado los salarios de jueces y fiscales italianos, tal como lo solicita la Unión Europea, porque eso significaría colocar en cuestión el ingreso único del juez. Es un problema complicado porque este debate se da en un momento en que toda la población de Europa está siendo hoy castigada, atacada, desde el punto de vista económico. Por otro lado, la reducción del estatuto socioeconómico de jueces y fiscales está produciendo una fuga de gente para el sector privado. Eso disminuye la calidad, la formación, de la gente que va a venir al Poder Judicial.

Tampoco es bueno para la democracia, porque la democracia no es sólo la libre elección por parte de los ciudadanos sino también el control a los gobernantes para hacer el bien a la República. Porque para el mejor funcionamiento del Estado de Derecho es necesario tener equipos de jueces y fiscales bien preparados desde el punto de vista jurídico. Y, necesariamente, en la economía de mercado, deben estar bien remunerados. Son cuestiones importantes que se están discutiendo en Argentina como en todo el mundo.

–¿Cómo debería ser el ingreso a la carrera judicial? En la Argentina pesa una fuerte cultura endogámica, con familias de apellidos tradicionales...

–Nosotros hemos luchado por un mecanismo de admisión que sea basado en criterios republicanos. Eso significa que deben ser electos a través de concursos públicos, de méritos, con criterios de evaluación que sean comprensibles, comparables, discutibles, por parte de quien está interesado en ingresar. No podemos tener un sistema de ingreso a la magistratura, o a la fiscalía, que no se base en una regla universal capaz de ser comprendida y que sea transparente. Eso es muy importante. No hay sistema de justicia independiente que no base en esos principios de transparencia. Los ciudadanos tienen que tener la garantía de que los jueces que los van a juzgar fueron elegidos por un sistema transparente e igualitario. Eso es lo más importante. Que la gente sepa que quienes ocupan las fiscalías o las magistraturas no fueron reclutadas por sus posiciones sociales o familiares, sino por sus capacidades propias.

–¿La carrera judicial, en su país, tiene una fecha de jubilación impuesta por ley? Porque aquí hay cargos, la Corte Suprema es un ejemplo, que se extienden sin límite preciso.

–A los 70 años es obligatorio jubilarse. Para cualquier cargo es así: sean jueces o fiscales. A los 70 años es obligación jubilarse. A los 65, ya se tiene el derecho de jubilarse. Si no se lo hizo a los 70, allí pasa a ser obligación. «

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